Activismo y derechos humanos
Extranjeros sin garantías de juicio justo en España

A continuación, la segunda parte del reportaje sobre traducciones aparecido en Publico:

Intérpretes no cualificados trabajan para las empresas subcontratadas por las administraciones

MAGDA BANDERA - MADRID - 05/06/2008 20:20

“Necesitamos que vayas a traducir del yugoslavo a los juzgados de Barcelona”. Al oír el encargo, el periodista serbio Boris Matijas intentó explicar a la responsable de la empresa de traducciones KM Al-Arabi que el “yugoslavo” no existe. Ella insistía en que ésa era la nacionalidad del acusado. Después, ya ante el juez, Matijas descubrió que se trataba de un albanés de Kosovo y, por tanto, iba a ser difícil que se entendieran. El juicio no se suspendió y el detenido acabó declarando en su precario español. El traductor fallido y la empresa Al-Arabi cobraron por su asistencia.

Matijas vivió múltiples “situaciones surrealistas”, como ser convocado repetidamente para traducir del rumano, el búlgaro y el eslovaco, idiomas que desconocía, mientras trabajó para KM Al-Arabi. Junto a Seprotec, esta empresa acaba de ganar el concurso convocado por el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya para gestionar el servicio de traducciones e interpretaciones en Barcelona.

Las deficiencias provocan que se vulneren derechos fundamentales También la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid confía la interpretación de idiomas a Seprotec desde enero de 2007. Interior lo hizo el pasado 1 de mayo y desde ese mismo día tuvo problemas con dos traductores enviados a Barajas a petición de la Policía Nacional. Uno de ellos se presentó con documentación falsa y el otro tenía antecedentes policiales, tal como denuncia CCOO.

Uno de sus portavoces, César Pérez, también critica que se enviase a un supuesto traductor paquistaní para atender a un ciudadano brasileño en portugués. “Es difícil entender que el Ministerio del Interior no cuente con un solo traductor profesional de portugués al que enviar a Barajas después de los problemas que ha habido entre Brasil y España por el tema de los turistas retenidos en el aeropuerto”.
Intérprete analfabeta

Malas prácticas parecidas han sido denunciadas por la Asociación de Traductores e Intérpretes de Girona, que ha elevado una queja al Síndic de Greuges. Precisamente en Girona, el abogado José Ramírez ha presenciado cómo un juicio tuvo que suspenderse porque la intérprete era analfabeta. Otra vez, vio como mandaban a un juicio a “un traductor de ruso que no tenía ni idea del idioma y se tuvo que prorrogar la detención del acusado”. Con estas deficiencias se vulneran derechos fundamentales. Víctimas y acusados extranjeros pueden ver que sus declaraciones se retrasan, se malinterpretan e incluso se manipulan. Como muestra, César Pérez recuerda el caso de un traductor que, a cambio de dinero, ofrecía a inmigrantes subsaharianos la posibilidad de decir que eran de un país distinto al suyo para que pudieransolicitar asilo.

La rebaja de costes hace que apenas se utilicen traductores profesionales Gabriel Pérez Castillo, responsable de Justicia en CSIT Unión Profesional, critica esta falta de profesionalidad y dice que es habitual en los juzgados de la Comunidad de Madrid. “Todo por reducir costes. Si antes los intérpretes cobraban 60 euros la hora, ahora la Consejería paga 45 a Seprotec y esta empresa sólo le paga 10 a sus empleados. Por ese precio, muy pocos son profesionales. Son gente que trabaja de camarero o en una tienda y que redondea sus ingresos con traducciones esporádicas”. Así no se salvaguarda la garantía procesal de los acusados y eso es fundamental en una democracia, denuncia Pérez Castillo.

Al conocer los problemas surgidos con los traductores de Seprotec en Barajas, fuentes de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid confirmaron a Público que han pedido a esta empresa un informe para aclarar la situación. Alegan que han contratado los servicios de Seprotec “porque es la única empresa que se presenta al concurso público” y aseguran que no han recibido quejas “ni de jueces ni de clientes”.

El representante de CSIT desmiente que no haya habido protestas. “Nosotros las hemos ido registrando en la oficina Civitas y han tenido que ser trasladadas a la Subdirección de Personal”, afirmaPérez Castillo.

"A menudo no sabes de qué va el caso"
Audrius Stasiulaitis, periodista lituano, trabajó como traductor

“El problema no sólo es con las lenguas minoritarias. Me llamaron de Seprotec para traducir del alemán en un juicio por malos tratos”, explica el lituano Audrius Stasiulaitis. Empezó a trabajar para esta empresa después de que el consulado de su país en Barcelona contactara con él para traducir del catalán al lituano. Este periodista domina ambas lenguas, además del ruso, pero sus nociones de alemán son limitadas: “Lo pasé fatal. Era una situación delicada: un hombre estaba acusado de intentar matar a su mujer y cada palabra era importante. Ninguna de las partes se quejó ni se suspendió el juicio pese a mi inseguridad”.

De eso hace ya más de dos años y a partir de entonces Stasiulaitis se negó a traducir lenguas que no dominara. “No me lo permitía mi conciencia”, afirma. Otros intérpretes eventuales no tienen reparos y si les llaman para traducir un idioma que sólo chapurrean, improvisan “porque hay mucho trabajo y surgen imprevistos”

Ese es otro problema, señala Stasiulaitis: “A menudo no sabes de qué va el caso hasta que llegas al juzgado. Y, si el tema es complejo, te gustaría prepararte el vocabulario específico”. También es importante conocer la terminología jurídica, añade. Cuando esta redactora preguntó a Seprotec si podría traducir en juzgados a pesar de no estar titulada y no saber de leyes, le contestaron que no se “preocupara”, que lo importante era conocer el idioma: “Después, en un par de mañanas te enseñamos el vocabulario judicial básico”. Una respuesta similar recibió en la agencia KM Al-.

Publicado por magda 09:51 PM | Comentarios (0)

Política
El Ministerio de Interior corre riesgos innecesarios

A continuación, cuelgo el reportaje publicado en el diario Público el pasado jueves sobre la privatización del servicio de traducción por parte del Ministerio de Interior:

Interior emplea traductores sin garantías en sus investigaciones

Recelos ante la falta de control de la empresa encargada de interpretar las escuchas telefónicas

MAGDA BANDERA - Madrid - 04/06/2008 05:00

Tienen miedo. Los intérpretes que llevan años trabajando para la Policía traduciendo las escuchas telefónicas a algunos de los delincuentes más peligrosos del país comparten sala desde el 1 de mayo con traductores enviados por una empresa privada. La Dirección General de la Policía (DGP) ha subcontratado a Seprotec “el servicio de interpretación de declaraciones orales, traducciones escritas, escuchas telefónicas y transcripciones de cintas de audio”.

“Algunos llevamos mucho tiempo siguiendo a narcotraficantes y a capos de bandas peligrosas a los que les encantaría conocer nuestra identidad. Ahora, de repente, nos sentamos codo con codo con personas eventuales a las que no conocemos, que acceden a las instalaciones de la Policía Judicial para hacer escuchas muy sensibles y que ven nuestros sistemas de comunicaciones y nuestros ordenadores. Eso no es sólo un problema de seguridad para nosotros, sino para todo el Estado”, explica Irene, nombre ficticio de una traductora de la plantilla del Ministerio de Interior.

Antecedentes policiales

La falta de filtros de la empresa adjudicataria del servicio de traducción se hizo evidente el mismo día en que comenzaba la subcontrata. La Sección Sindical Estatal de Interior de CCOO ha denunciado que dos intérpretes enviados por Seprotec al aeropuerto de Barajas requeridos por la Policía Nacional no han podido realizar el servicio: “Uno de ellos se presentó con documentación falsa. El segundo tiene antecedentes policiales”. La Policía sólo ha confirmado a Público el primer caso. Se trataba de un paquistaní que debía traducir las declaraciones de un portugués. Tampoco contaba con la titulación de traductor.

“Seprotec está enviando a camareros sin preparación a comisarías y juzgados. Y les paga 10 euros por hora, a pesar de cobrar 45 de Interior por cada servicio”, explica Gabriel Pérez Castillo, secretario general del Sector de Justicia en CSIT Unión Profesional.

Este diario ha comprobado que Seprotec no exige titulación a sus trabajadores, sino que se limita a tener un porcentaje de titulados entre su plantilla, tal y como se exige para optar a la contrata. Para el resto, es suficiente con tener el título de ESO. Así lo indica en anuncios publicados en Infojobs, en los que busca “intérpretes de todos los idiomas para prestar servicios en organismos policiales”. Entre sus labores, “interpretar simultáneamente lo que otra persona dice en un idioma que no es castellano; efectuar escuchas telefónicas”... El salario: 12 euros brutos la hora.

La oferta laboral más inquietante es la que el pasado viernes pedía un becario para “gestionar la documentación derivada de los servicios de intérpretes (certificados, documentación personal)”. El encargado de esta base de datos cobrará 300 euros brutos al mes por cinco horas diarias. Al intentar entrevistar a algún responsable de Seprotec, la empresa se ha excusado diciendo que esta semana se encontraban “inmersos en una auditoría”. Desde que CCOO denunciara las irregularidades ocurridas en Barajas, el Ministerio del Interior y la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid —que subcontrató a Seprotec en 2007— le han solicitado sendos informes.

“Interior nos tranquiliza alegando que para las escuchas a terroristas recurre a los 300 traductores que quedamos en plantilla para toda España. Pero las redes de narcotráfico y las de terrorismo están a menudo relacionadas y, a veces, al hacer una escucha para la Policía Judicial ves conexiones”, argumenta Irene. Para esa tarea se necesitan profesionales con un código deontólogico, recuerda una de sus compañeras. Este diario ha preguntado al Ministerio acerca de la presunta falta de control de los traductores. Las fuentes consultadas se han limitado a confirmar que se ha abierto un expediente a Seprotec.

"El ministerio ha contratado una oferta temeraria"
Entrevista a César Pérez, portavoz de la Sección Sindical de Interior de CCOO

MAGDA BANDERA - Madrid - 04/06/2008 23:19

¿Qué riesgos entraña externalizar el servicio de escuchas telefónicas?
Antes la Policía contaba con traductores a los que empleaba según sus necesidades sin tenerlos en nómina. Eran buenos profesionales y, sobre todo, gente de confianza, a la que había investigado previamente. Desde que Interior subcontrató a Seprotec, la Policía ya no puede llamarles. A algunos les ha ofrecido trabajar a través de esta empresa, pero lo evitan si pueden. No se sienten protegidos y además han visto reducidos sus honorarios de 60 a 10 euros la hora.

¿Los traductores que envía Seprotec también han sido investigados?
No hay manera de saber quiénes son. La Policía no está pidiendo ningún requisito de este tipo a la empresa subcontratada. Lo que está claro es que pagando 10 euros por hora es difícil asegurar el nivel de profesionalidad deseable.

¿Cuáles son los principales temores de los traductores que ya trabajaban para Interior?
Por un lado, no saben quién se sienta a su lado a hacer una escucha telefónica. Un temor que se ha confirmado a raíz de saber que esta empresa ha enviado a traductores con antecedentes policiales e identificación falsa para realizar el servicio. Y, por otro, tampoco tienen la seguridad de que Seprotec no vaya a vender sus datos personales. No hay ninguna cláusula al respecto en el contrato.

¿Por qué se decidió privatizar el servicio?
Para reducir gastos. Pero no se pueden dejar cuestiones que afectan a la seguridad del Estado y sus ciudadanos en manos de una empresa privada, movida únicamente por el afán de lucro. Seprotec es la opción más barata, pero ya se sabe que bajar tanto los precios es peligroso y puede tratarse de una oferta temeraria.

¿Cuánto le cuesta a Interior el servicio de traducción contratado?
El Ministerio ha pagado 2.600.000 euros por 14 meses de servicio. Con ese dinero se podría reforzar la plantilla de empleados públicos que podrían llevar a cabo las tareas de traducción con total garantía. Ahora mismo sólo hay 300 para toda España, una cantidad mínima. Incomprensiblemente, ninguno de ellos está contratado para traducir del urdu, del rumano ni de idiomas balcánicos, aunque algunos de ellos conozcan estas lenguas y hagan traducciones esporádicas en caso de necesidad.

Publicado por magda 02:30 PM | Comentarios (0)