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Foto: EFE / La VanguardiaVIOLENCIA SEXISTA
La tragedia que nadie sabe cómo parar

Las muertes de mujeres a manos de sus compañeros sentimentales son ya la primera patología de la sociedad española. Esta es la crónica de la impotencia colectiva ante una vieja lacra

Publicado en: La Vanguardia, 08 de febrero de 2004
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Magda Bandera | 08-02-04
Te doy mis ojos recogió siete premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas hace apenas ocho días. Desde entonces, tres mujeres han muerto asesinadas por sus maridos en una de las semanas más dramáticas que se recuerdan. Alicia Luna, coguionista de la película junto a Icíar Bollaín, dedicó su premio a las miles de mujeres que sufren malos tratos en España.

Las cifras sobre la violencia doméstica que barajan administraciones y entidades de apoyo a las mujeres maltratadas suelen ser parciales e incompletas. A menudo, simples estimaciones. Pero en todo caso, espectaculares y sorprendentes por su magnitud. Las organizaciones que trabajan con las víctimas de los malos tratos en pareja –para muchos especialistas los apelativos de violencia doméstica o sexista no acaban de definir lo que habitualmente son palizas y chantajes psicológicos– cifran en unos dos millones el número de españolas (aunque también hay hombres) que viven una auténtica pesadilla en su relación.

Contabilizarlos con un mínimo de rigor es una tarea imposible, además de baldía. El goteo, casi diario, de víctimas mortales; el aluvión de mujeres que, cada vez más, se refugian en los centros de acogida, y las denuncias cada vez más comunes en comisarías y juzgados o en los incipientes circuitos de atención a las víctimas que impulsan las administraciones locales y autonómicas dan buena cuenta de la magnitud del problema.

Los datos concretos, que los hay, tampoco dejan lugar a un atisbo de duda. Los maltratos son un problema de primera magnitud en España, con especial énfasis en algunas comunidades autónomas. La última macroencuesta que realizó el Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, refleja que en el 2002 –cuando se realizó el trabajo– un 11,1% de las españolas eran víctimas de maltratos por parte de sus parejas (maridos, novios o compañeros). Un porcentaje escandaloso que crecía en comunidades como Madrid (13,4%), Andalucía (13,3%) o Extremadura (12,1%). En Catalunya, las maltratadas eran el 9,7%.

El estudio determinó los casos de malos tratos teniendo en cuenta las respuestas de la encuestadas y estableciendo un criterio técnico para definir los parámetros de la violencia sexista. Sin embargo, las cosas cambiaban mucho cuando se preguntaba a las mujeres si se sentían maltratadas. Atendiendo a sus respuestas, sólo un 4% –un porcentaje nada baladí– sufrían maltratos.

Lo alarmante del estudio no queda ahí. La relación de maltratos y grupos de edad demuestra que el desprecio y la “mano ligera” no es un residuo de un machismo trasnochado. Si bien el grupo de mujeres de 45 a 65 años es el que más sufre la violencia de sus cónyuges –el informe recoge que un 15,1% de estas mujeres son maltratadas–, más de una de cada diez jóvenes de 18 a 29 años (un 10,3%) se encuentran en el triste club de las agresiones físicas o psíquicas conyugales. En el segmento de 30 a 44 años, según la encuesta, un 10,4% de las mujeres viven la misma pesadilla.

Las cifras más concretas, las que sí se pueden contabilizar, reflejan la cara más agria del problema: son las denuncias de maltratos que llegan a los cuerpos de seguridad y los juzgados y el rosario de víctimas mortales atribuidas a este género de violencia. A lo largo del año pasado, las comisarías de la Policía Nacional y los cuarteles de la Guardia Civil tramitaron en toda España cerca de 60.000 denuncias por presuntos delitos o faltas relacionados con los malos tratos cometidas por cónyuges o antiguos cónyuges, según datos del Ministerio del Interior. A esta cifra habría que añadir las que atendieron en el País Vasco y las provincias de Girona y Lleida la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra.

En cuanto al número de mujeres –y hombres– que murieron a manos de sus parejas a lo largo del año pasado, el Instituto de la Mujer cifra en 81 las víctimas (68 mujeres y 13 hombres), si bien sus datos no son coincidentes con los de otros organismos y asociaciones.

Al recoger el Goya, Alicia Luna también criticó que el Gobierno redujera las ayudas a las casas de acogida. Su frase no era hecha. Luna se refería a una situación muy concreta, la que atraviesa el Centro de Recuperación Integral para Mujeres y Niños Víctimas de Violencia después de ver reducida en 100.000 euros la subvención para este año. Su directora, Ana María Pérez del Campo, andaba muy liada esta semana “escribiéndole una carta a los obispos” y buscando apoyos para evitar el cierre del centro.

Un centro modélico

Situado en la Comunidad de Madrid, es el único en toda España que ofrece un tratamiento integral a las víctimas en el que trabajan conjuntamente psicólogos, abogados y educadores. A diferencia de los seis meses que pasan las mujeres en las casas de acogida convencionales, las estancias en el centro duran aproximadamente unos dieciocho meses. Su prestigio es tal que recibe mujeres de toda Europa, desde británicas hasta portuguesas.

“Se trata de una represalia política, porque estamos diciendo continuamente que la política colorista del Gobierno no va a acabar con la violencia sexista. Y lamentablemente las últimas cifras nos dan la razón”, opina Pérez del Campo. “Los planes del Gobierno son paliativos, se limitan a prestar una atención inmediata a las víctimas, pero las acciones no se pueden quedar ahí. Así no sólo se erradica la violencia, es que ni siquiera se contiene.” Según la directora del centro, es imprescindible impulsar un plan integral contra la violencia, porque de otro modo ocurre lo de siempre, “se intenta solucionar un dolor de cabeza producido por un cáncer con una aspirina. Y el paciente se muere”.

“Los hechos demuestran que la política seguida por el Gobierno no es efectiva. La violencia sexista es un problema muy complejo y por eso es imprescindible que se incorpore la opinión y la experiencia de las asociaciones de mujeres que trabajan el tema”, afirma Ángeles Álvarez, portavoz de la Red de Organizaciones Contra la Violencia de Género. “El Instituto de la Mujer no se reúne con las asociaciones de mujeres”, concluye.

Otro gran problema para resolver el problema de la violencia es, según Álvarez, “que el Gobierno apuesta claramente por conceder los recursos a instituciones religiosas. Sólo hay que mirar el 0,5% del IRPF, que ha sido para grupos vinculados a la Iglesia. Y, concretamente, en el tema del maltrato hay otras instituciones más adecuadas, como el modelo que promueve la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, responsable del Centro de Recuperación Integral. Esta semana la Conferencia Episcopal ha sido noticia por su polémica pastoral, pero hace tiempo que las asociaciones venimos señalando que la esencia ideológica que defiende la Iglesia atenta contra los principios que se tienen que seguir para que una víctima del maltrato logre recuperarse”. Hace dos días, Jueces para la Democracia hacía unas declaraciones en el mismo sentido. Según esta entidad, la Iglesia española ha generado un “sentimiento de culpabilidad en las mujeres víctimas de malos tratos”.

Para evitar aumentar el daño psicológico a las víctimas, Pérez del Campo insiste en la necesidad de impulsar un plan integral que incluya la formación adecuada de los profesionales que trabajan con mujeres maltratadas: “En la universidad hay que incluir estudios sobre la violencia sexista. En la actualidad, ni médicos ni abogados ni asistentes sociales reciben formación específica”.

Para la portavoz de la Red de Organizaciones Contra la Violencia de Género, es vital que los tratamientos sean integrales y que corran a cargo de equipos multidisciplinares: “Hay veces en que el deterioro psicológico de las mujeres es tal que no les permite acudir al juzgado en las condiciones adecuadas. Los abogados tienen que estar en contacto con los psicólogos de las víctimas para prever estas situaciones. Y al revés. Una mujer que va a un juzgado, tiene una crisis tras enfrentarse a su maltratador. Por eso es importante que los psicólogos sepan cuáles son los tiempos jurídicos de sus pacientes”.

En España, sólo la Red de Casas de Acogida de Andalucía tiene un modelo parecido al del Centro dirigido por la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. El resto son casi todas “casas aparcamiento”, según la definición de las principales asociaciones de mujeres. “Este tipo de casas –prosigue Álvarez– es un recurso que sirve para solucionar un problema concreto, pero no real. Si no hay un seguimiento, tras su estancia la mujer es devuelta a la sociedad sin comprender qué le ha pasado y por qué le ha pasado. Por el contrario, si recibe un tratamiento integral, sale con las claves para evitar que la situación se repita.”

La situación en Catalunya es una de las peores de todo el Estado. La abogada María José Varela recuerda que ante la falta de casas de acogida de la Generalitat para paliar las situaciones más desesperadas, los ayuntamientos envían a las mujeres en situación de emergencia a hoteles y residencias para transeúntes, y “esos lugares tampoco son los adecuados”. También Amnistía Internacional hizo recientemente una denuncia similar. En noviembre del año pasado, esta ONG pidió a los políticos que destinaran más medios y “menos propaganda”. Amnistía Internacional denunciaba que no haya ni diagnósticos ni planes de acción “para atender las necesidades específicas de las mujeres del medio rural”. Asimismo, señalaba que “la protección institucional y el apoyo a las víctimas varía notablemente en función de la provincia y la comunidad autónoma donde se encuentre cada mujer. No existen unos estándares mínimos”. La ONG incluía entre sus protestas la referencia a la situación de las mujeres inmigrantes que son maltratadas y que no se atreven a denunciar por temor a las represalias legales.

Déficit de plazas

El problema económico hace imposible que se cumplan las pautas que aprobó el Parlamento Europeo en 1986. Tal como apunta Varela, entre sus recomendaciones se decía que debía haber una plaza para cada 10.000 habitantes. Aquí esa cifra es un sueño, “pero al menos deberíamos aspirar a tener un centro integral por comunidad autónoma”, propone.

Ese deseo es compartido por las integrantes de la Plataforma de Ex Residentes del Centro de Recuperación Integral, quienes estos días buscan apoyos para salvar el centro que les “devolvió la dignidad”. Denuncian que “hay un mensaje oficial y una realidad muy distinta. El Gobierno tiene que fomentar una política de prevención para erradicar el problema. Y para ello debe introducir una perspectiva en las escuelas, desde las mismas guarderías, porque estamos ante una violencia de tipo ideológico, la del sistema patriarcal”.

También es necesario liberar a los hombres de la “educación sexista fundamentalista”, propugna Pérez del Campo. Para ella, no se debe restar importancia a los valores que, pese al discurso oficial, se les sigue inculcando a los niños “no llorar, ser los primeros en todo y tomar como un insulto que se les llame nena”.

  

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